• Los cambios normativos del 2013 y 2014 para rebajar las remuneraciones a las energías generadas con fuentes renovables, cogeneración y residuos han puesto en pie de guerra a los inversores contra el Estado, que acumula numerosas demandas.
  • Mientras que los inversores internacionales acuden a mecanismos de arbitraje internacional, los nacionales pleitean ante el Supremo al no poder utilizar aquella vía.
  • La Abogacía del Estado ha instado al Supremo a que no se pronuncie todavía para ganar tiempo. Sin embargo, no ha conseguido que los pleitos con los inversores internacionales comunitarios se resuelvan en el TJUE, que previsiblemente sería más benévolo.
  • Un eventual escenario adverso en el que se dictaran todas las sentencias en contra del Estado en 2016, podría tener un impacto significativo en las cuentas públicas –del orden de 11.000-13.500 millones– en un contexto de ajuste presupuestario.
  • Alternativamente, podría cargarse ese importe sobre los costes regulados del sistema eléctrico, lo que podría suponer un aumento de hasta el 8% en la factura de la luz si la imputación del mismo se repartiera en 10 años.

 

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